Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica, dijo que la polémica reforma eléctrica, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que ha sido suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4,000 millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.
Aseguró que “El hecho de que no se puedan desarrollar los proyectos porque no exista una voluntad de dar continuidad a la política de inversiones en el sector de las energías renovables tiene una implicación evidente y es una pérdida de inversión”.
Explicó en “circunstancias normales”, México captaría 2,000 millones de dólares anuales en proyectos de energía eólica y otro tanto en solar y fotovoltaica para cumplir con su meta de transición energética hacia 2025.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada hace un mes, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el amparo del juez es “para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios”, insistió el presidente.
Los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado y esta semana varios senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aunque el presidente López Obrador ha justificado sus iniciativas como una defensa de la compañía del Estado frente al “saqueo” de los extranjeros, la consultora advierte que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas.
