El papa Francisco aprobó estas nuevas medidas sobre la contratación del personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano para evitar casos de corrupción, después de los últimos escándalos en la gestión de las inversiones de la Santa Sede.

Las nuevas medidas estrictas del Vaticano llegan en un momento en el que las investigaciones han revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien la Santa Sede acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó una pérdida de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas.

El personal tendrá que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirmen que “no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción”.

Por último este personal administrativo y financiero no deben estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal.