Aarón Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dijo que en el caso en el desafuero de García Cabeza de Vaca, la decisión del Congreso Estatal sólo es útil para definir si será o no separado del cargo, pero no para evitar que enfrente el proceso penal, al cual puede ser vinculado aun en sus funciones de gobernador.

Los argumentos del Juez Federal para ordenar la aprehensión del desaforado gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero, es que las autoridades estatales no pueden supeditar, neutralizar o invadir los efectos jurídicos de un desafuero aprobado por la Cámara de Diputados federal.

El Juez Zeferín Hernández toma como referencia el fallo de la controversia constitucional 99/2016, dictada con los votos concurrentes de los ministros Fernando Franco, Luis María Aguilar y Jorge Pardo, así como con votos particulares de Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.

Esta sentencia dice que la notificación de la Cámara de Diputados a un Congreso estatal no significa o provoca que las entidades federativas deban reconocer la declaración de procedencia a los servidores públicos estatales por delitos locales.

De acuerdo con Zeferín Hernández, también cita el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP), la cual precisa que en el caso de los gobernadores acusados de delitos federales se remitirá la declaratoria del desafuero a la Legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo.

Todo lo cual le lleva a concluir que las autoridades estatales no pueden supeditar, neutralizar o invadir los efectos jurídicos de la declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Señaló que en este caso, la soberanía del Estado está delimitada a sus asuntos internos y que, conforme al Pacto Federal, el Gobierno de Tamaulipas debe acatar la supremacía de la Constitución Política del país.

Afirmó en el fallo que el litigio del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero de Cabeza de Vaca se encuentra en trámite en la Corte y que no es cosa juzgada.