Durante la madrugada de este sábado Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas se le autorizó llevar su proceso de extradición a EU en libertad.

El político expriísta abandonó el penal estatal de Tenango del Valle, Estado de México, en una camioneta de lujo con destino desconocido.

Hernández Flores salió después de conseguir su libertad por parte de un juez federal, su equipo de abogados informó que al obtener el amparo de los cuatro procesos que se le abrieron en México saldría de prisión después de permanecer por casi seis años en prisión preventiva.

Según testigos fue recibido por su hijo Eugenio; Mario Ruíz Pachuca, su amigo; y su abogado defensor Javier López.

Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, según quedó asentado en la carpeta 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, siendo absuelto del cargo por falta de pruebas.

Sin embargo anoche, la Fiscalía General de la República (FGR) se lanzó contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), al considerar que la resolución dictada por el juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, en la que concedió al exmandatario tamaulipeco la libertad, es una “garantía ilusoria, que pone en riesgo de fuga”, al exmandatario que “cometió delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos”.

Mediante una tarjeta informativa, la FGR recordó que desde enero de 2018 otro juez aprobó el traslado de Hernández Flores a los Estados Unidos, país que lo acusa de que siendo gobernador de Tamaulipas, en complicidad con su cuñado Oscar Manuel Gómez Guerra, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno estatal por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del vecino país.

En consecuencia, indicó la FGR, en marzo de 2018 el gobierno de México concedió la extradición de Hernández Flores, pero en abril de ese año el juez de amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concedió su traslado.

La FGR consideró que en este “caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor”.