Según las investigaciones del expediente de Luis Donaldo Colosio ahora presumen que José Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen al que ahora señalan, fue el “segundo tirador” en el magnicidio registrado en Tijuana, Baja California, persona que fue horas después de su captura.
Sánchez Ortega fue detenido el 23 de marzo de 1994 a las 17:15 horas por agentes de la Policía Municipal, quienes lo ingresaron a la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana a las 18:50, y quedó en libertad bajo reservas de ley al día siguiente a las 14:15 horas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que buscó una orden de aprehensión contra un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que sería un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que estaría vinculado con Genaro García Luna, pero un juez federal se negó a librar la orden de captura por el crimen cometido ya hace casi 30 años.
En un comunicado, la FGR dio a conocer nuevas diligencias del caso Colosio, las cuales la habrían llevado a solicitar una nueva orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex integrante del CISEN que fue liberado horas después del asesinato de Colosio, a pesar de que su prueba de rodizonato salió positiva.
La FGR explicó que en 1994, año del magnicidio, el ex agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega estaba asignado para cubrir las actividades del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio,
Tras el asesinato ocurrido el 2 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas y la captura de Mario Aburto como autor material del homicidio contra Colosio, Jorge Antonio también fue detenido como sospechoso, pero fue liberado por su adscripción al CISEN.
En “Los Expedientes Secretos del Caso Colosio”, la periodista Laura Sánchez Ley detalla la detención del exagente del CISEN:
“El 23 de marzo en Lomas Taurinas un hombre fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo Colosio. Su chamarra blanca tenía sangre: por eso fue trasladado por agentes a las oficinas de la PGR. Se llamaba Jorge Antonio Sánchez Ortega y nació en 1961 en Sinaloa. Trabajaba en el CISEN de la Secretaría de Gobernación”
Sin embargo, Sánchez Ortega fue liberado días después en lo que FGR califica como “un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN, fue quien lo rescató en Tijuana”.
Genaro “G” es el ex secretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, información que la FGR expone por primera vez tras negar que el caso Colosio se hubiera reabierto.
No obstante, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, negó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía, por lo que esa dependencia lo acusó de “evidente parcialidad”.
Según la investigación periodística, Jorge Antonio Sánchez Ortega declaró ante la PGR que “no vio el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio”, pero si reconoció traer “sangre en su chamarra” y dijo que la misma “sí era del candidato Colosio”, pero aclaró que eso había ocurrido “porque alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo manchó en la manga izquierda”.
Por lo anterior, la Fiscalía Especial para el Caso Colosio “llegó a la conclusión que los hechos sí sucedieron como los narró el agente del CISEN” y se descartó su participación en el caso, según Los Expedientes Secretos del Caso Colosio.
La FGR informó que tras una revisión de las actuaciones realizadas por la extinta PGR en el caso Colosio, se encontraron indicios de que el ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio fue atacado por dos tiradores, acreditando la presencia del ex agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, en el lugar de los hechos.
Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
La FGR agregó que diversos análisis de sangre “demuestran que en la ropa de dicho acusado, (estaba) el tipo de sangre de la víctima”, es decir, que su ropa tenía sangre de Colosio.
Además, la FGR reiteró que las pruebas de rodizonato practicadas al ex agente del CISEN señala que este disparó un arma; prueba pericial que nunca pudo refutar su defensa con las pruebas de descargo que presentó a su favor Jorge Antonio Sánchez Ortega.
Por el contrario, señala la Fiscalía, el ex agente del CISEN intentó escapar del lugar de los hechos y además no habría ayudado a cargar a Colosio como aseguró el propio Sánchez Ortega en su declaración inicial.
Un gran número de testimoniales señalan al acusado (de estar) en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.
Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima”.
Además, la FGR señala que también está “debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal reconoce que no existe un video en el que se observe a Jorge Antonio Sánchez al momento de disparar y reconoce que solo hay videograbaciones del primer disparo.
“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”, señala la FGR en su comunicado.
La FGR también descalifica a una testigo que se presentó sobre estos hechos, destacando que la mujer “nunca estuvo en el lugar de los hechos y no atestiguó nada de lo ocurrido”.
Por lo anterior, la FGR anunció que va apelar la determinación del juez federal y arremetió contra el impartidor de justicia por “emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia”.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”, concluyó la FGR.
Este es el comunicado íntegro de la FGR sobre el caso Colosio:
Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana.
Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.
Un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima.
Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia.
El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
La testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística.
En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Con información de Carmen Aristegui
